Pronunciamiento público ante la crisis por COVID-19 (CORONAVIRUS) para garantizar los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador

Los niños, niñas y adolescentes del mundo viven hoy una crisis de inmensas consecuencias para su existencia misma y, sin lugar a dudas, están sometidos a una tensión emocional muy grande. Los niños, niñas y adolescentes deben tener innumerables preguntas sobre el coronavirus. Por su edad, momento de vida y necesidades especiales de protección, son un grupo de atención prioritaria. Todos los estados deben articular medidas y acciones especiales y efectivas de protección y auxilio, destinadas a garantizar su supervivencia, desarrollo y protección durante esta emergencia sanitaria mundial, priorizando a aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan doble o triple condición de vulnerabilidad.
Para los niños, niñas y adolescentes del Ecuador este es un momento de gran intranquilidad en sus vidas y enfrentan condiciones de riesgo, no solo por la amenaza de adquirir el COVID-19, sino por verse privados de ejercer de manera adecuada el conjunto de sus derechos. Las clases se han suspendido, sus padres y madres se muestran ansiosos y tensos, sus posibilidades de disfrutar del juego se ven muy limitadas y las preocupaciones sobre la alimentación e higiene se incrementan. Muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias tendrán mejores condiciones para sobrellevar estos duros momentos, pero, para muchos otros, la situación es muy grave. Lamentablemente no todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias poseen los ambientes y medios adecuados para vivir estos tiempos, sin miedo y preocupación. Para los niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de mucha pobreza y hacinamiento, cuyos padres se ganan la vida día tras día como vendedores ambulantes, no tienen un trabajo estable, o están subempleados; para los niños, niñas y adolescentes y sus familias que están en situación de movilidad humana y refugio; para los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, que viven en albergues, guarderías o centros de protección; para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, enfermedades catastróficas, desnutrición, anemia y otras condiciones médicas; para los niños, niñas y adolescentes trabajadores; para las y los adolescentes privados de su libertad; para las niñas y adolescentes embarazadas; para los niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia doméstica; para los niños, niñas y adolescentes alejados de los centros urbanos o de bienes y servicios, estos son momentos de extrema gravedad pues su capacidad de protección disminuye considerablemente.
Si bien la pandemia exige medidas extremas para contenerla y erradicarla, al mismo tiempo deben establecerse medidas que ayuden a los niños, niñas y adolescentes y sus familias que viven situaciones de extrema vulnerabilidad, a enfrentarla con las mejores condiciones posibles. Muchas familias no pueden correr a los supermercados para
abastecerse de alimentos y comprar productos prioritarios para vivir la cuarentena. Las condiciones de hacinamiento generan múltiples peligros para los niños, niñas y adolescentes; la pobreza impide un suministro adecuado de productos y las condiciones higiénicas pueden ser muy deficientes (carencia de agua). Si bien son los adultos mayores el grupo con mayor riesgo de muerte por la pandemia, las diversas privaciones a las que se ven sometidos los niños, niñas y adolescentes merecen nuestra especial atención. Sumado a esto está el hecho de que muchas niñas, niños y adolescentes viven con sus abuelos y abuelas, quienes están a cargo de su cuidado y bienestar.
El coronavirus está generando, además, una profundización de la crisis económica y social que ya estábamos viviendo. Esta situación provocará impactos durísimos en muchas familias y tendrá consecuencias en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Hay que evitar que esta enfermedad y sus impactos económicos y sociales futuros provoquen un golpe irreparable a los más desfavorecidos.
Por eso, junto a una estricta cuarentena que implica imponer muchas restricciones a la vida de los niños, niñas y adolescentes, y a sus múltiples necesidades físicas y emocionales, se deben acompañar medidas integrales que impidan profundizar las condiciones sociales adversas para su desarrollo.
Por eso, el Pacto por la Niñez y Adolescencia, el Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia y la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez (COCASEN), en observancia a los principios del Interés Superior del Niño y Prioridad Absoluta, planteamos lo siguiente:

  1. El gobierno nacional y los gobiernos locales deben actuar de conformidad con los estándares y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución del Ecuador, de manera que se brinde un trato especializado, específico y prioritario a los niños, niñas y adolescentes, durante la emergencia.
    El gobierno nacional y los gobiernos locales deben garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con información oportuna, completa y adecuada que les permita comprender la situación que están viviendo ellos y ellas, sus familias, comunidad y el país. La iniciativa de la Primer Ministra de Noruega, Erna Solberg, de responder directamente las preguntas de las niñas, niños y adolescentes, evidencia que el gobierno los reconoce como sujetos de derechos y que se interesa por sus necesidades y preocupaciones.
  2. El gobierno nacional y los gobiernos locales deben asegurar que las familias accedan oportunamente a información confiable, veraz y relevante, relacionada con la emergencia sanitaria, aplicando los mecanismos necesarios para que ésta llegue a los sectores rurales, comunidades indígenas, y a toda la población.
  3. Es esencial proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia física, psicológica y sexual, de la negligencia, explotación o cualquier otra forma de violencia que pueda suscitarse o agravarse durante la emergencia sanitaria, dentro de la familia o en sus lugares de permanencia. Hay que diseñar e
    implementar mecanismos de protección eficaces para salvaguardar su integridad física, sicológica y sexual, reconociendo que en circunstancias de crisis, emergencia y aislamiento, se incrementa el riesgo de que sufran violencia sobre todo al interior de la familia. Para el efecto se deben realizar campañas informativas y educativas en medios de comunicación nacional, local y comunitaria y desarrollar programas especializados multidisciplinarios para la atención de los niños, niñas y adolescentes, con programas de prevención comunitarios dirigidos a escuelas, familias, centros infantiles, iglesias, centros de salud, juntas de pobladores, grupos de mujeres; a objeto de modificar prácticas autoritarias, maltratantes y patriarcales de los adultos y, de esa manera, se conviertan en espacios respetuosos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde prime la participación, el buen trato y la ternura. De igual manera es fundamental brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes para reducir el impacto que pueda generar el aislamiento.
  4. Desarrollar acciones específicas para proteger a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes, especialmente para las y los adolescentes privados de su medio familiar o no acompañados. De igual manera fortalecer los cuidados para quienes se encuentren en casas de acogimiento, albergues o en centros de privación de libertad Esto implica proporcionar los recursos necesarios para garantizar su alimentación, higiene y seguridad.
  5. El distanciamiento social es muy positivo, pues los niños, niñas y adolescentes también pueden ser contagiados y ser transmisores del virus. Por este motivo, se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean expuestos a situaciones de riesgo y que toda la ciudadanía acate las medidas de prevención emitidas por las diferentes instancias estatales. No obstante, las medidas deben considerar las necesidades especiales y específicas de traslado de niñas, niños y adolescentes, sobre todo para recibir atención médica.
  6. Ante el cierre de las escuelas y colegios, se debe garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación por medios alternativos y adecuados, estableciendo los mecanismos necesarios para que este derecho pueda ejercerse en los sectores rurales y donde no exista conexión a internet. Así mismo, se debe fortalecer la educación familiar y su responsabilidad social; y vigilar que el proceso educativo se mantenga y cumpla con sus objetivos, para lo cual deben utilizarse las tecnologías que sean posibles.
  7. Es urgente implementar acciones de protección social a las familias, estableciendo redes de apoyo para abastecer a las familias pobres de los alimentos y productos necesarios, especialmente para aquellas familias con niñas y niños que padecen de desnutrición, anemia, adolescentes en estado de gestación y otras necesidades médicas.
  8. Es necesario adoptar medidas sociales, económicas, políticas y de otra índole, destinadas a mitigar y superar el impacto económico que provocan las medidas de aislamiento y paralización generalizada de actividades, sobre todo para aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Hay que garantizar que los niños, niñas, adolescentes y sus familias tengan
    acceso a un techo, alimentos, agua potable, electricidad, medicinas y otros bienes y productos que garanticen su supervivencia y pleno desarrollo.
  9. Fortalecer de manera inmediata el sistema sanitario, aumentando el número de personal prestador de servicios, camas, insumos, medicinas e implementos médicos necesarios para asegurar la respuesta médica adecuada y oportuna a la población que lo necesite. Garantizar que el personal médico cuente con todas las condiciones para realizar un trabajo seguro y digno.
  10. De conformidad con el interés superior del niño, se debe garantizar de manera prioritaria el acceso y la provisión de servicios de salud para las niñas, niños y adolescentes que requieran de atención, tratamientos o procedimientos médicos, relacionados o no con el COVID-19, sobre todo para aquellos que se encuentran alejados de los centros urbanos y requieren movilización a las ciudades o entre ciudades.
  11. Apoyamos todos los esfuerzos que el gobierno nacional y los gobiernos locales están desarrollando para proteger a los habitantes de calle y mostramos total solidaridad con los esfuerzos de proteger a los adultos mayores, las y los abuelos, y las y los tíos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

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